Para nadie es un secreto que a raíz de la cesación de pagos de Interbolsa (la ya sonada crisis financiera que esto provocó a finales del año 2012), las autoridades colombianas pretendieron encontrar a toda costa un “culpable” un “marrano” del descalabro financiero, para lo cual emprendieron una persecución injustificada contra Víctor Maldonado y contra todo su grupo familiar.

Lo anterior, no solo afectó su reputación como empresario de alto nivel, sino que también afectó la buena imagen de sus compañías, las mismas que construyó a pulso y siendo muy joven.

En ese sentido, Víctor y su familia denunciaron que las autoridades colombianas buscaron cínicamente obtener resultados financieros inmediatos para responder a los cientos de acreedores que habrían sido perjudicados, identificando a Víctor Maldonado como la persona con más recursos financieros y dirigiendo todo su poder hacia su persecución.

En pocas palabras, no solo lo privaron de su libertad siendo inocente, sino que también lo obligaron a pagar por los otros 120 deudores del descalabro financiero. Los mismos que actualmente se encuentras escondidos, o peor aún, esconden sus bienes para no resarcir sus deudas.

Lo único que logró esta persecución y esta cortina de humo fue acallar la ineficiencia de la Superintendencia Financiera en la supervisión de las agencias comisionistas en el país, el conflicto de intereses por parte del ex Supersociedades Luis Guillermo Vélez (al ser amigo íntimo de los cerebros de InterBolsa), la utilización del poder político de los ex fiscales Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo y el enorme interés de los abogados de las “víctimas” por sacar tajada de la crisis.

Está claro que durante los últimos siete años se han vulnerado los derechos de Víctor y los de toda su familia al intervenir y robar las empresas en las que tenían propiedad accionaria.

La persecución no termina allí, la Supersociedades, en cabeza de Luis Guillermo Vélez, se valieron del decreto 4334 del 17 de noviembre de 2008 para intervenir las empresas en las Víctor y sus familiares tenían participación, incautar sus bienes personales (y los de esas sociedades), y ordenar su remate judicial. Un remate judicial de quinta, liderado por el liquidador Alejandro Revollo, el mismo que ha sido investigado por la Fiscalía General de la Nación y por la Procuraduría por malos manejos administrativos de los bienes intervenidos.

Víctor perdió toda su inversión en Interbolsa, las tres empresas de su propiedad quedaron en la ruina, así como sus bienes en los departamentos del Quindío, Bolívar, Cundinamarca y Bogotá. Además, quedó inhabilitado para ejercer las actividades comerciales por diez años.

El Estado deberá responder por la atribución infundada de responsabilidad en una crisis financiera, vulnerando su derecho a la honra. La honra que a pesar de estos siete años, jamás perderá.