Bogotá, 15 de abril de 2019. Si usted es de los que olvida rápido las cosas, esta noticia le puede interesar. De acuerdo a información del periódico El Tiempo, más de 60 demandas con pretensiones por un billón 273 mil millones de pesos enfrenta el corrupto Estado del ex presidente Santos por el fraude de InterBolsa.
¿Cuál es el status de las demandas?
1. El Tribunal de Cundinamarca negó en primera instancia la demanda del inversionista italiano Alessandro Corridori, en juicio por el escándalo, quien pretendía una indemnización de 107 mil millones de pesos argumentando supuestas fallas del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín) en la vigilancia de la liquidación de Fabricato. Esta fue una de las empresas que, según la investigación de la Fiscalía, fueron usadas para hacer operaciones irregulares con plata de los inversionistas.
DATO: El ex Supersociedades, Luis Guillermo Vélez, no incautó todos los bienes del italiano. Corridori aún no ha pagado sus deudas, demandó al Estado y está libre.
2. Otro de los que ha intentado obtener plata de la Nación es el condenado empresario Juan Carlos Ortiz, vinculado a las irregularidades en el Fondo Premium de Interbolsa. Ortiz, quien ya tiene una sentencia de 12 años de cárcel por esos hechos y a quien la Fiscalía le ha realizado extinción de dominio a sus bienes, intentó que le hicieran un pago por casi 300 millones de pesos.
DATO: El ex Supersociedades, Luis Guillermo Vélez, era amigo íntimo de Ortíz. No incautó todos los bienes de Ortíz y hasta este año, la Fiscalía ha encontrado uno que otro bien escondido.
3. El grupo Hatovial-Gehatovial demandó a la Nación argumentando fallas de la Superintendencia Financiera en la vigilancia a Interbolsa y pedía una reparación 11.368 millones de pesos. El Tribunal de Cundinamarca consideró que el demandante sabía del destino de sus inversiones en Fabricato y los riesgos de ese tipo de operaciones, lo que exime al demandado de la “culpa exclusiva de la víctima”
DATO: El entonces Superintendente Financiero, Gerardo Hernández fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación. El argumento de dicha sanción era que Hernández sabía desde mucho antes de la caída, sobre las irregularidades de la firma y no actuó ni hizo nada para evitar el desfalco. ¿Complicidad?
4. También demandaron al Estado las sedes en Bucaramanga y Tunja de la Universidad Santo Tomás, cuyas pretensiones también fueron negadas en primera instancia. Frente a la demanda en la capital de Santander, la Universidad pretendía que el Estado le devolviera 19.658 millones de pesos que invirtieron en el Fondo Premium de Interbolsa. Argumentaba que la Superintendencia Financiera era la responsable de “la pérdida de los dineros depositados”.
En el caso de Tunja, la Universidad invirtió 5.459 millones de pesos a través de Interbolsa y pretendía que el Estado le devolviera el dinero. Sin embargo, el Tribunal en otra decisión señaló que en Colombia existe libertad económica y que las comisionistas realizan inversiones libremente, por lo que el Estado no interviene en esos negocios y por tanto no tiene responsabilidad.
DATO: Si el argumento del Tribunal de Cundinarmarca es que existe libertad económica, entonces nos preguntamos: ¿Realmente quiénes son las víctimas del caso?
5. Igualmente, se registraron demandas de excomisioniatas de bolsa como Andrés Enrique Abella Fajardo, Javier Ricardo Sáenz, Julían Andrew Pino y Alejandro Forero Marulanda, quienes pedían pagos superiores a los 1.300 millones de pesos. Ellos eran trabajadores de Interbolsa y argumentaban que se quedaron sin empleo por cuenta de la omisión del Estado en vigilar a la comisionista lo que finalmente llevó a su liquidación. En primera y segunda instancia se negaron las pretensiones con el argumento de que no hubo fallas del Estado y que los demandantes “tenían a su cargo la posibilidad de decisión y disposición de información para asumir los riesgos que de ello se desprendieran”.
DATO: De acuerdo a estas decisiones de los Tribunales en Colombia: ¿Quién responde entonces por los miles de empleos que se perdieron al incautar las empresas propiedad de la familia Maldonado?
Si las “víctimas” tenían la posibilidad de decisión y disposición de información para asumir los riesgos que de ello se desprendiera, entonces: ¿Las víctimas ya no serían llamadas víctimas porque sabían en lo que se estaban metiendo y qué podían perder?
¡ÑAPA!
OJO AL DATO: El desplome de Elite (estafa de libranzas que se visibilizó post InterBolsa) comenzó en el 2016 a pesar de la “vigilancia” de la @SSociedades y de @lgvelezc que por lo menos en dos oportunidades aseguró: “no tener sospechas de que Elite captaba dinero”. Captaron $1,3 billones y están libres.