• El país aún no se repone de colapsos económicos que ocurrieron en menos de 8 años durante el gobierno Santos, y los colombianos nos seguimos preguntando: ¿dónde estaban los reguladores y supervisores del corrupto Estado colombiano?

 

• Con el ánimo de ilustrar las afectaciones, según expertos financieros, es posible afirmar que los recursos comprometidos en el colapso económico del gobierno anterior, son cuatro y cinco veces toda la plata perdida en el Fondo Premium y los inversionistas afectados son más de diez veces los daminificados por InterBolsa.

 

• Miles de afectados, miles de millones en pérdidas, miles de millones de recursos desviados, cientos de RESPONSABLES libres, cientos de funcionarios públicos corruptos, los dos ex fiscales amangualados, medios de comunicación cómplices, un ex Supersociedades con su respectivo liquidador (para Interbolsa y Fondo Premium), nefastos en todos los sentidos, son apenas algunas características de aquella época de “oscurantismo financiero”.

 

Bogotá, enero de 2019.  Estraval, la comercializadora de libranzas fue un cúmulo de ilícitos, irregularidades y engaños. La estafa afectó a 4.500 inversionistas que hoy reclaman más de medio billón de pesos. Las preguntas son: ¿Cómo es que después de antecedentes como InterBolsa y Fondo Premium, Estraval se convirtió en un grupo empresarial con una completa y organizada fuerza comercial encargada de captar ilegalmente recursos del público?

Y peor aún: ¿Cómo fue posible tanta actividad ilícita en las narices de los entes de control del gobierno Santos?, ¿cuál fue el papel de la Superfinanciera?,¿qué hicieron los organismos de vigilancia y control para evitar el funcionamiento de “estafadoras” como InterBolsa, Estraval, Elite, Fondo Premium?

La liquidación de InterBolsa: la salida fácil de Santos

La liquidación de la mayor comisionista de bolsa que ha existido en el país, liderada por el nefasto gobierno de Santos, significó la pérdida de millones de pesos, esfumando las posibilidades que tenían los acreedores de recuperar sus inversiones. El liquidarla y no nacionalizarla, su mayor error. El gobierno de la mermelada decidió liquidar Interbolsa pese a que su presidente Rodrigo Jaramillo y su hijo fueron juntos los más grandes donantes de la campaña de Santos.

Según datos oficiales de la última valoración interna del ya fantasmal Grupo InterBolsa, realizada en agosto del 2012, (tres meses antes de la debacle), la compañía tenía un valor de US$345.17 millones y en pesos colombianos de $621.311 millones.

Una cifra dos veces superior al valor que se encontraba en los libros de la compañía.

Cabe resaltar que esta valoración se hizo dentro del proceso de venta que estaba liderando en ese entonces Bank of America (BAML), la compañía bancaria estadounidense y el segundo mayor holding del país en activos. Esta corporación es la quinta compañía más grande de Estados Unidos por ingresos totales.

En un documento presentado por BAML el 27 de abril de 2012, se supo que la reconocida compañía americana Advent International centrada en inversiones en empresas de Europa, América del Norte, Latinoamérica y Asia, hizo una oferta no vinculante por adquirir entre el 51% y el 60% de InterBolsa.

La compañía interesada en el holding, sabía de antemano cuáles eran los inconvenientes que existían para ese entonces dentro del grupo. Lo anterior, solo deja un mensaje contundente: Por InterBolsa en crisis estaban dispuestos a pagar tanto dinero, ¿cuánto hubieran ofrecido en sus épocas gloriosas?

La valorización del grupo InterBolsa era de $631.248 millones y de US$346 millones equivalentes a $3.120 pesos por acción. ¿Qué hubiera pasado si el gobierno colombiano decide no liquidar InterBolsa y nacionalizarla?, ¿Se mantendría el mercado bursátil?

Sin embargo, tres meses después, en noviembre de 2012, La Superintendencia Financiera de Colombia, en un enorme afán por darle solución a la crisis promovió durante un fin de semana “mecanismos” para avanzar en una cesión de activos pasivos y contratos de la Sociedad Cominisionista de Bolsa InterBolsa S.A.

Fue Bancolombia, junto con otras entidades financieras del país, quienes finalmente adquirieron los activos de la empresa. ¿Regalaron InterBolsa? ¿tuvieron en cuenta la valorización del mes de agosto del 2012? ¿reaccionó mal ante la crisis la Superfinanciera? ¿el proceso de liquidación fue el apropiado? ¿era la única salida viable?

Estos y un sinfín de interrogantes han surgido durante todos estos años de investigación.

El pasado 5 de abril, después de tres largos años y cinco meses, la SuperSociedades anunció ante la opinión pública que lograron recuperar 58.535 millones de pesos en bienes, entre los cuales se cuentan acciones en Easyfly, Metrolínea, la Bolsa de Valores de Colombia y Fabricato. Las partes interesadas dentro del proceso se preguntarán, ¿se hubiera podido recuperar mucho más dinero? ¿el constante afán y la presión mediática encegueció al Superintendente Financiero? ¿realmente se hizo lo necesario?

Lo cierto es que, para este tipo de crisis financieras, es necesario que el Estado cuente con funcionarios capacitados que logren afrontarlas de la mejor forma posible. La improvisación ha sido la constante protagonista en toda esta historia.

 

El gran pecado

Tiempo antes de la caída, el mercado bursátil del país se encontraba un poco nervioso, debido al negocio que tenía InterBolsa con las acciones de Fabricato. Las famosas operaciones que se conocen como “repos”, que consisten en la compra y venta de títulos valores para obtener liquidez, significó el inicio del viacrucis de una de las mayores comisionistas de bolsa del país.

InterBolsa había hecho una apuesta enorme por Fabricato, sobre la base de que el precio de la acción de la textilera iba a aumentar sustancialmente. En un inicio eso sucedió y la acción pasó de 30 pesos a casi 90.

 

El problema surgió cuando el mercado comenzó a desconfiar de que Fabricato pudiera valer eso. El ‘repo’ es un complejo engranaje con muchas piezas, que depende básicamente de la credibilidad que los inversionistas le den a la evolución del precio. Si se llega a pensar que está inflado artificialmente, se bloquea la circulación del título y todo el andamiaje se viene abajo.

 

Sin embargo, muy poca gente recuerda que esta comisionista manejaba el mayor volumen negociado de deuda pública y privada, acciones y derivados en el mercado local y fue quizás, uno de los más actores más importantes en el mercado, puesto que otorgaba liquidez a numerosas firmas del país. De igual forma, representaba el 32 por ciento de los activos de las 29 que operaban en Colombia. ¿Por qué dejar perder tanto valor y alimentar la decadencia de la misma?

InterBolsa era un operador sistemático del mercado bursátil y el hecho de no haberla salvado, provocó que el mercado de valores no se recuperara y se destruyera por completo la confianza de los inversionistas. ¿100 millones de dólares hubieran servido para resucitarla? ¿Se hubieran podido conservar los miles de empleos que se perdieron?

 

Casos de éxito

Casos de éxito en este tipo de procesos pueden ser aplicados en nuestro país, como lo fue la adquisición del banco de inversión Merill Lynch por parte de Bank of América por 44.000 millones de dólares, con el único objetivo de evitar el colapso de Lehman Brothers (el cuarto banco de inversión del mundo), el 15 de septiembre de 2008.

Ante el deterioro del sistema financiero, un grupo de diez bancos internacionales, entre los que estaban el propio Bank of America, Barclays, Deutsche Bank y UBS, anunciaron la formación de un fondo de 70.000 millones de dólares que sirvió de garantía para el sistema financiero. Cada uno de los participantes aportó 7.000 millones de dólares al fondo. ¿Por qué no trasladar este tipo de acciones a nuestras empresas públicas y privadas que se encuentren en crisis?

 

El liquidador “olvidadizo” Muñoz

Un grupo de abogados de la liquidación del Grupo Interbolsa presentaron en el 2017 el último recurso legal que tienen a mano para cobrar 70.000 millones de pesos para las víctimas del millonario desfalco.

Le pidieron a la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia que revisara el fallo del Tribunal Superior de Bogotá en el que se negó a reconocerle a Interbolsa el derecho de reclamar dos pólizas que el holding suscribió con Suramericana antes de su quiebra. La misma póliza que el señor liquidador de este entonces, Pablo Muñoz, no reclamó a tiempo.

Tal como lo reveló el periódico El Tiempo, los seguros fueron suscritos en el 2009 y 2011 con Suramericana. Una de ellas, por 30.000 millones de pesos, cubría riesgos de “responsabilidad civil y administrativa para directivos”; y la segunda, por 40.000 millones de pesos, era un “seguro de manejo bancario”.

Y si bien el liquidador de Interbolsa, Pablo Muñoz –que recuperó el 65 porciento de los bienes–, hizo la reclamación antes de que se cumplieran los dos años de plazo que estipula el Código de Comercio, el paro judicial retrasó la diligencia.

Suramericana alegó que la solicitud de pago se hizo a destiempo, postura que fue respaldada por un juez en primera instancia.

Sin embargo, para ese mismo año, 2017, con una decisión de 2 a 1, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá negó la posibilidad de que el liquidador de Interbolsa haga efectivas las pólizas con las que buscaba reparar a las víctimas del desfalco.

En criterio del alto tribunal, a pesar de la huelga de la rama judicial del 2014, el SuperCade de Suba estaba habilitado para recibir demandas. ¿Por qué Pablo Muñoz no reclamó la póliza?

 

Liquidador Revollo y el entierro de tercera

 

Según la abogada penalista, Liliana Gutiérrez, en uno de sus artículos publicados recientemente, otro caso emblemático es el de Alejandro Revollo, cuota del ex-Superintendente de Sociedades Luis Guillermo Vélez, del partido liberal, que a su vez era cuota de Santos. Lo nombró primero como representante legal de dos empresas del fondo Premium – Valores incorporados S.A.S y Rentafolio bursátil y financiero S.A.S – De ahí paso a ser el interventor en la liquidación total de todas las empresas del mismo Fondo con oficinas en Colombia, Panamá y Curazao. De interventor pasa a liquidador de todas las anteriores, dándoles un entierro de tercera. Es conocida en el ámbito comercial la manera diligente para hacerle perder valor a los bienes del Fondo Premium, perjudicando a los inversionistas, eliminando empleos y acabando con empresas exitosas en la vida comercial del país. ¿Qué intereses ocultos tienen los liquidadores en este tipo de procesos?

 

Luis Guillermo Vélez: el impedido

 

A pocos días de la caída de InterBolsa, Jorge González, jefe de investigación de la revista Dinero, publicó en un artículo del 12 de diciembre de 2012, que Luis Guillermo Vélez, ex superintendente de Sociedades y encargado de la reorganización y liquidación del Grupo InterBolsa, tenía cercanía con algunos de los implicados en el escándalo.

“Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y Luis David Peña han sonado por cuenta del escándalo de InterBolsa: el primero es el hijo del dueño, el segundo fue socio principal de la comisionista y el tercero es directivo de Forefront, firma que fue allanada dentro de la investigación.

 

Todos tenían una amplia red de contactos y con muchas personas tenían trato social. Uno de ellos es el actual superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez. El asunto no tendría nada de raro de no ser porque la Supersociedades debe promover la reorganización de la Holding InterBolsa; esto es, evaluar la viabilidad del conglomerado, facilitar la negociación con los acreedores y, de no haber otra salida, liquidarlo.

 

Hay tres evidencias de esos contactos sociales: Vélez asistió a un cumpleaños de Juan Carlos Ortiz en 2008 (ver foto), tenía el mismo círculo de amigos de Tomás Jaramillo y entre sus contactos de Facebook está Luis David Peña. ¿Cuál es la relación del Superintendente con ellos?

 

El funcionario señaló para la revista Dinero que: Primero, ratifica que sí asistió a la celebración del cumpleaños de Juan Carlos Ortiz el 26 de julio de 2008. Pero dijo que lo hizo al igual que cientos de personas que iban a las famosas fiestas de máscaras que organizaba Ortiz. “Con él no tengo ninguna relación distinta a esta relación social”, explica.

 

Sobre Jaramillo, resalta que el inversionista paisa es vecino de un amigo íntimo suyo; por eso se encuentran en los eventos sociales que organiza este último. Además, su esposa, Carmiña Villegas, es cercana a la esposa de Jaramillo, Mariluz Ruano”.

 

La cuestión es que los actos de favorecimiento hacia quienes fueron sus investigados y “amigos de vida social”, no tardaron en salir a la luz pública y aún, años después, la desfachatez de sus acciones y omisiones en su “papel” como Supersociedades sigue sorprendiéndonos con hallazgos como el siguiente:

“En un nuevo operativo en el proceso de extinción de dominio contra Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, dos de los gestores del fraudulento Fondo Premium de Interbolsa, la Fiscalía General de la Nación decomisó 80 piezas de patrimonio arquelógico y cultural con un valor incalculable valor comercial que pertenecerían a los investigados.

 

Se trata de 80 figuras y objetos con apariencia de piezas precolombinas que datarían de 500 años antes de Cristo y que los investigados usaban como decoración en dos apartamentos lujosos en el norte de Bogotá”.

 

¡Casi un museo arqueológico en los apartamentos de Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo!

¿Era tan difícil para el liquidador de la época, Vélez cabrera, intervenir los bienes de sus investigados y “amigos de vida social”? parece que sí y no por la dificultad para encontrarlos sino por una dificultad que iba más allá y que quizá viciaba su voluntad, no tenía la mínima intención de hacerlo.

 

Una serie de sucesos infortunados, irregularidades, corrupción, favorecimientos para unos en contra de otros tantos que quedaron maniatados ante lo que implica cuestionar o denunciar a aquellos que representan “el poder”, máxime en las altas esferas financieras, solo nos permite asegurar que la conveniencia reina en el Estado colombiano; en el ámbito público que trasciende al privado y viceversa; es por ello que las instancias internacionales parecen ser la única opción de reivindicación de derechos ante un Estado cómplice para quien ha resultado ser víctima de las triquiñuelas de quienes manejan los hilos del poder desde lo público y desde lo privado.