Enero de 2019. Con ocasión de la crisis por la que atraviesa la justicia de nuestro país (herencia del ex presidente Santos) debido a la corrupción y a la incapacidad de la administración de justicia de mostrar transparencia en su gestión por los múltiples intereses particulares que comprometen a sus operadores (herencia del ex presidente Santos). Es importante recordarle a los corruptos que:

• Como ciudadanos, tenemos un deber de veeduría sobre la función pública y sus actuaciones, pues la corrupción no es connatural a la rama judicial o a la administración de justicia y no podemos acostumbrarnos a este “fenómeno”.
• Que para un ciudadano del común pareciera toda una odisea lograr la reivindicación de sus derechos y, en algunos casos, los asuntos sometidos a la rama judicial no son resueltos “en derecho” sino “en política” o atendiendo a intereses particulares que dejan de lado la imparcialidad como base de la justicia. Como ejemplo es el caso de Víctor Maldonado, quien pasó de ser un exitoso empresario a ser decapitado por la opinión de los medios de comunicación sin tener prueba alguna en su contra.
• Que el buen nombre y la honra de los funcionarios públicos que realizan una labor acuciosa y transparente han quedado enlodados con el desprestigio de los funcionarios corruptos y la sensación de generalización que causada en la sociedad.
• Que el desinterés en lo público por parte de la sociedad resulta ser un consentimiento tácito de los actos irregulares.
• Que, si todos unimos nuestras voces y sobre todo hacemos uso de las acciones que la normatividad local e internacional nos ofrece para exigir transparencia en los actos del sector público, así como de los particulares con funciones públicas, poniendo en evidencia las distintas irregulares, lograremos paulatinamente que la función pública sea honrosa y respetuosa con los administrados o ciudadanos.