2012
El día 2 de noviembre de 2012, la SFC anunció la intervención de InterBolsa tras el incumplimiento en el pago de un crédito bancario que ascendía a 20.000 millones de pesos. La entidad tuvo un punto de quiebre financiero debido a las operaciones repos para la compra de acciones de Fabricato.
El día 14 de noviembre de 2012, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, después de revisar algunas de las pruebas que le entregó la Superfinanciera y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, ordenó abrir investigación a Víctor Maldonado (sin prueba, ni indicio alguno) por “incurrir en posibles conductas que iban en contra del desarrollo del mercado accionario”.
19 noviembre de 2012, Víctor Maldonado anuncia un acuerdo de pago a Valores Incorporados SAS y Compañía Colombiana de Capitales SAS, para resarcir su deuda.
2013
El día 29 de julio de 2013, la Superintendencia de Sociedades ordena la intervención mediante toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio, y la suspensión inmediata de las actividades comerciales de Malta S.A., Las Tres Palmas S.A., Helados Modernos S.A; así como la intervención y toma de posesión de sus bienes y patrimonio. De igual forma, se rompe el velo corporativo para 3 empresas relacionadas con la familia Maldonado.
El día 28 de noviembre de 2013, tercera carta enviada por Víctor Maldonado al agente liquidador Alejandro Revollo Rueda, respecto al plan de pago propuesto y el plan de desmonte acordado.
2014
El día 1 de febrero de 2014, inicio de campaña de demolición mediática, mala prensa y propaganda intensiva en contra de Víctor Maldonado.
El día 4 de junio de 2014, la Superintendencia de Sociedades inhabilita a Víctor Maldonado para ejercer comercio y se cierra el incidente de inhabilidad. Muerte comercial para él.
El día 15 de agosto de 2014, se admite la acción de tutela de Víctor Maldonado, la cual fue negada el 28 de agosto de 2014 y fue impugnada el 5 de septiembre del mismo año.
El día 4 de noviembre de 2014, la Fiscalía ordena medida de aseguramiento en contra de Víctor Maldonado.
El día 8 de diciembre de 2014, involucran malintencionadamente a Víctor Maldonado con los errores del informe de la firma KPMG.
El día 26 de diciembre de 2014, la Superintendencia de Sociedades niega el recurso de reposición intentado por Víctor Maldonado.
2015
El día 4 de marzo de 2015, la Fiscalía General de la Nación anuncia que solicitó a la Interpol la circular roja para Víctor Maldonado, sin prueba e indicio alguno.
El día 2 de junio de 2015, el juzgado 11 Municipal con Función de Control de Garantías solicita al centro penitenciario en Madrid, mantener privado de libertad a Víctor Maldonado.
El día 20 de noviembre de 2015, el Consejo de Ministros de España ha autorizado la extradición de Víctor Maldonado. Su abogado en España, el doctor José Antonio Choclán Monsalve, licita como medida cautelar urgente la paralización de la extradición. En la medida en que la Corte Constitucional ha recibido la medida de amparo. Y teniendo en cuenta que no existen pruebas ni indicio alguno de su culpabilidad.
El día 25 de noviembre de 2015, Dictámen médico del Doctor Hugo de Liaño Martínez: “Tras haber realizado un estudio al paciente Víctor Maldonado, en el que se informa de diversas anomalías encontradas, como lesiones vasculares de tipo estado criboso en el cerebro, referencia de situaciones presincopales, y factores de riesgo vascular y psiquiátrico, se le realice un estudio médico general o chequeo para adoptar las previsiones que de él se derivasen, ante el supuesto de que el paciente efectuara un largo traslado en avión
El día 26 de noviembre de 2015, Víctor fue trasladado por personal de policía y CTI desde Madrid a Bogotá sin que quedara constancia de ello en los documentos del procedimiento de extradición; ese personal que lo captura no lee el derecho de Víctor Maldonado a guardar silencio y durante todo el vuelo conversan con él sacándole información privada como consta en la edición del 28 de noviembre de 2015, del periódico El Tiempo, en donde se relatan esas conversaciones y, se publicaron videos de momentos reservados por parte de la Policía y de empleados de la Fiscalía, este último episodio ocurrió en presencia de su abogado Iván Cancino. Se realizó una audiencia que no tenía razón de ser, ya que contra Víctor Maldonado ya pesaba una medida de aseguramiento.
El día 27 de noviembre de 2015, Fue diagnosticado con cáncer de próstata. Su doctor en Madrid (España), Ignacio Moncada, de la clínica La Zarzuela, autorizó que le realizaran exámenes de sangre y una biopsia para monitorear su enfermedad. Víctor Maldonado fue trasladado a las instalaciones del búnker de la Fiscalía en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, tras haber sido extraditado desde España. Víctor nunca contó con garantías judiciales pese a tener diversos problemas de salud.
El día 24 de diciembre de 2015, bajo un “sigiloso” e infame operativo Víctor fue trasladado desde el búnker de la Fiscalía General a la cárcel La Picota de Bogotá. No le permitieron llevar consigo sus pertenencias personales y en ningún momento le avisaron que sería trasladado.
2016
12 de enero de 2016, la Superintendencia de Sociedades por iniciativa del anterior Superintendente Luis Guillermo Vélez Cabrera, ha venido implementando una curiosa tesis que bien podría llamarse LA DOCTRINA MALDONADO, mediante la cual una persona natural o jurídica que recibe un pago, donación o crédito de una entidad que ha estado involucrada en la captación ilegal se hace solidariamente responsable de la devolución de la totalidad de los dineros captados. Además, puede ser vinculado penalmente al proceso. Esta teoría es sin lugar a dudas uno de los esperpentos jurídicos más grandes de la jurisprudencia colombiana.
3 de febrero de 2016, Iván Cancino, su abogado penal, asegura que algunos de los bienes ofrecidos por la familia presentan graves deterioros físicos debido al abandono desde la intervención. Por medio de un comunicado de su familia, aseguraron que durante el actual proceso de liquidación que ha venido adelantando el interventor del Fondo Premium, Alejandro Revollo, han ido apareciendo numerosas dudas respecto a la manera en cómo se han realizado los respectivos avalúos de los bienes intervenidos a Víctor y los manejos administrativos de cada uno de los bienes inmuebles ofrecidos por la familia para resarcir la deuda.
16 de abril de 2016, Iván Cancino, abogado de Víctor, afirmó a RCN Radio que se opondrían a que un juez de la República apruebe el principio de oportunidad logrado entre los directivos del Fondo Premium, Juan Carlos Ortíz y Tomás Jaramillo.
20 de abril de 2016, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo estarían buscando recostarse en el patrimonio de Víctor, el único que ha respondido. Lo que se cuestionó por parte de los acreedores estafados es que Víctor sea el único “paganini en solidario”, pues hasta ahora nadie más ha dado la cara y ni han hecho desembolsos serios para tratar de reparar el daño.
2017
11 de enero de 2017: El juez 61 de garantías de Bogotá, aprobó el viernes 11 de enero la solicitud de libertad presentada por el abogado de Víctor, Iván Cancino.
12 de enero de 2017: Nosotros, la familia Maldonado, en cabeza de nuestro abogado en Washington, el doctor Ignacio Álvarez, anunciamos que llevaríamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando que los jueces estarían siendo presionados para que no le concedan la libertad por vencimiento de términos, esto en el marco del proceso de InterBolsa.
En una carta de siete puntos, señalamos que Víctor no ha sido declarado culpable del descalabro bursátil, por lo que no entienden la razón por la que no puede quedar en libertad, luego de que se cumplieran los requisitos legales para hacer dicha solicitud. “Víctor Maldonado no ha sido vencido en juicio y ha sido privado de su libertad por un término injustificable.
Por ello, tiene derecho a solicitarle a la justicia que considere dejarlo libre por vencimiento de términos legales, para abordar su defensa en libertad. Los organismos internacionales de derechos humanos han señalado que el uso excesivo de la prisión preventiva es contrario a la esencia misma del Estado democrático de derecho”, señalamos.
11 de mayo de 2017: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió darle “trámite” a la demanda contra el Estado colombiano interpuesta por Víctor y nosotros, su familia. La petición alega que se le violaron una serie de derechos fundamentales, entre estos el del debido proceso y honra, había sido radicada ante la Comisión en agosto de 2015.
13 de junio de 2017: Víctor Maldonado se enfrenta directamente con el liquidador del Fondo Premium, Alejandro Revollo, por su dudosa gestión a la hora de subastar los bienes que nos incautaron injustamente. Un ejemplo es ‘Geisha’, el yate de Víctor, al que Revollo le puso un precio base de 65 millones de pesos a pesar de ser una embarcación de 669 caballos de fuerza, que nuevo costaría más de 500 millones de pesos.
17 de julio de 2017: La CIDH envió una carta a la canciller colombiana María Ángela Holguín, en la que le da plazo hasta el 25 de julio para responder a la demanda ante la CIDH interpuesta por nosotros la familia de Víctor. Al igual que 1.000 folios con evidencia presentada por los abogados de Maldonado: “Solicito respetuosamente al gobierno de su excelencia tenga a bien presentar una respuesta a la petición dentro del plazo de tres meses, contados desde la fecha de la transmisión de la presente comunicación”, dice la comunicación suscrita por la secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, Elizabeth Abi-Mershed. De ser declarada finalmente la responsabilidad internacional de Colombia, el Estado podría verse obligado a indemnizar a Maldonado y su familia, y podría verse obligado a modificar su legislación. Lo anterior, por las omisiones y actuaciones de Luis Guillermo Vélez como Supersociedades.
25 de Julio de 2017: Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia Nacional Jurídica del Estado, no respondió y pidió extensión de tiempo por 30 días más hasta el 4 de septiembre para responder ante la CIDH.
29 de agosto de 2017: La Superintendencia de Sociedades en cabeza del ex Supersociedades, Francisco Reyes, el liquidador del Fondo Premium, Alejandro Revollo y la fiscal Ladino, anuncian un pago total (sin que los deudores hayan pagado en su totalidad) un “pago total” de los afectados del Fondo Premium de InterBolsa. Hasta ese día, se habían realizado 7 devoluciones en efectivo por un valor superior a los 180.000 millones de pesos. Los bienes valorados estaban en $206.465 millones. La recuperación total fueron de un total de $386.565 millones. Cita el periódico El Espectador en artículo del 29 de agosto: “87% de los bienes corresponden con la familia Maldonado”.
28 de octubre de 2017: El ex Supersociedades y ex director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, arremetió sin prueba ni indicio alguno al señor Víctor Maldonado, en entrevista para la revista Semana, dirigida por Alejandro Santos, amigo cercano a los Jaramillo y a Luis Guillermo Vélez. Aseguró injustamente: “Tanto los señores Jaramillo, como en particular el señor Víctor Maldonado, ha sido el gran beneficiario de esta defraudación masiva. Tengo entendido que la Fiscalía está avanzando en esto”, señaló.
2018
28 de enero de 2018: Víctor Maldonado denunciará a fiscal del caso Interbolsa. Así lo hizo saber la familia del empresario, investigado por el desfalco al Fondo Premium. Tomado del medio de comunicación W radio en su portal web: A través de una carta los familiares de Maldonado anunciaron acciones judiciales en contra de la Fiscal, Alexandra Ladino.
Esta es la carta:
ELEVAMOS ANTE LA ONU, DENUNCIA CONTRA LA FISCAL DEL FONDO PREMIUM
Bogotá, 28 de enero de 2018. En el marco del proceso por el caso del Fondo Premium, El día 2 de octubre de 2017, a las 10:30 de la mañana, Víctor Maldonado, nuestro padre, se encontraba en el corredor de la sala de audiencia, en el Complejo Judicial de Paloquemao.
La Fiscal del caso, Alexandra Ladino Pinzón, se aproximó a Víctor, y lo amenazó con demandarlo por la información que sobre ella, aparecía en Twitter. Cabe agregar que en esa oportunidad, Víctor se encontraba solo, por lo que la fiscal se comunicó con él sin la presencia de su abogado.
Este hecho fue presenciado por varias personas, tanto así, que fue luego reseñado en medios de comunicación, como por ejemplo, en el programa: “Los Secretos de Darcy Quinn”, en Caracol Radio.
La Fiscal Alexandra Ladino es precisamente la encargada de representar al Estado en la acción penal que Colombia tiene instaurada contra nuestro padre, Víctor, con todas las implicaciones que ello conlleva.
Por tanto, amenazar a Víctor (sin la presencia de su abogado), con ejercer una acción judicial adicional contra él, por ejercer su libertad de expresión, constituye indudablemente un amedrentamiento por parte de la Fiscal Ladino y una clara violación de sus derechos humanos.
Esta amenaza se produce en el contexto de diversas violaciones a los derechos humanos de nuestro padre y otros miembros de la familia, que se encuentran bajo conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo el sistema de casos individuales.
Exigimos al Estado colombiano que la fiscal asegure el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal.
Por los hechos anteriormente expresados, decidimos elevar una denuncia al señor Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la independencia de magistrados y abogados de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Seguiremos informando a toda la opinión pública sobre las injusticias que algunos funcionarios han cometido en contra de nuestro padre y de nosotros, la familia Maldonado Rodríguez. ¡No nos van a callar!
6 de junio de 2018: Iván Cancino, abogado penal de Víctor Maldonado pide escuchar en juicio a más de mil inversionistas. El motivo de la solicitud es certificar quién es víctima y quién no. Los abogados del empresario Víctor Maldonado anunciaron que solicitarán, en el juicio que se adelanta en los juzgados de Paloquemao, que se cite como testigos a 1068 inversionistas del Fondo Premium.
Cancino argumentó que el motivo de la solicitud es certificar quién es víctima y quién no, dentro de la investigación que inició hace más de cinco años.
18 de julio de 2018: Fiscalía llama la atención a Supersociedades y a Alejandro Revollo en caso Interbolsa. La fiscal Alexandra Ladino reclama por la no colaboración con el correcto acceso a la información. Durante las audiencias que se adelantan por el desfalco al Fondo Premium de Interbolsa, la fiscal Alexandra Ladino llamó la atención de las autoridades administrativas por no colaborar con el correcto acceso a la información.
Según Ladino, la Superintendencia de Sociedades y el liquidador Alejandro Revollo han puesto trabas a la Fiscalía General de la Nación para la recolección de los elementos probatorios. Por otro lado, durante la misma diligencia, la fiscal Ladino llamó la atención al representante de víctimas, Francisco Sintura.
Esto por haber criticado la labor de la Fiscalía durante la investigación y el proceso judicial por el desfalco a Interbolsa, a través de diferentes medios de comunicación.
19 de julio de 2018: Denuncia de Víctor Maldonado a Luis Guillermo Vélez. Vélez aceptó haber usado el logo de la CIDH sin autorización en un documento emitido el 1 de agosto de 2017. La defensa de Víctor Maldonado, cabeza del Fondo Premium, denunció que Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, tuvo que retirar el logo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del comunicado titulado “Aclaración a la opinión pública sobre pronunciamientos del señor Víctor Maldonado”.
Vélez aceptó haber usado el logo sin autorización en el documento que fue emitido el 1º de agosto de 2017, el cual fue publicado en la página web de la entidad, que es el canal oficial de comunicación.
La defensa de Maldonado dijo:
“Se trata de un hecho que pretende mostrarse como irrelevante, según fue sugerido por la citada Agencia en el escrito que dio respuesta a la solicitud de Maldonado; pero, por el contrario, la usurpación del logo de la CIDH es una conducta que tiene hondas implicaciones políticas, jurídicas e internacionales, además de constituir un hecho de deslealtad procesal, pues el logo fue usado en un comunicado emitido por el Estado colombiano a través de su Agencia Nacional de Defensa Jurídica, quien actúa en calidad de parte en el marco de la petición promovida por Víctor Maldonado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
13 de septiembre de 2018: Víctor Maldonado, víctima de las chuzadas. En los documentos allanados sobre esta red de chuzadas ilegales aparece como una de las víctimas el reconocido abogado Iván Cancino, quien defiende, entre otros, a Víctor Maldonado.
En diálogo con RCN Radio, Iván Cancino dijo que tiene la confianza “en que Víctor Maldonado no sería capaz de hacer eso, pero en caso de tener algún soporte o prueba yo retiro la defensa en el caso de Maldonado”, sin embargo agregó: “Creo en mis clientes y en Victor Maldonado pero si tienen razón automáticamente me retiro de esa defensa”.
A seis años del caso Interbolsa: pocos condenados, millones de pérdidas y alto riesgo de impunidad. Frente al especial realizado por noticias Caracol, el abogado penal de Víctor Maldonado, Iván Cancino, asegura: “Ejercer las acciones y los recursos de ley es permitido, presentar excusas justificadas es permitido y yo creo que vamos a iniciar una lucha más fuerte de la que llevamos ahora para proteger de los derechos de los abogados y no permitir que se nos siga amenazando y poniéndonos en la picota pública”, sostiene Cancino.
Diciembre de 2018: Durante el año 2018, Víctor Maldonado asistió personalmente a todas las audiencias (en las que fue requerido) que se llevaron a cabo en los juzgados de Paloquemao, en la ciudad de Bogotá, Colombia. En dichas audiencias, su abogado penal, Iván Cancino ha realizado las debidas entregas del material probatorio, junto a un análisis en detalle de las 4 teras de millones de documentos que la Fiscalía entregó en desorden y sin fácil acceso. Víctor Maldonado está ad portas de finalizar su investigación e iniciar su lucha para demostrar su inocencia. Actualmente se encuentra libre, debido a la falta de indicios y pruebas en su contra. De igual forma, no se encuentra con ningún tipo de restricción para salir del país.
2019
1 enero de 2019: El empresario Víctor Maldonado y su familia, su esposa María Inés, sus hijos Ignacio y Tomás tienen la viva esperanza que durante el gobierno del actual presidente, Iván Duque, logren llegar a un acuerdo que logre mitigar las constantes violaciones en contra de los derechos de Víctor, por parte de algunos funcionarios del ex presidente Santos. Los mismos que hoy en día se encuentran investigados por diferentes actos de corrupción.
Febrero de 2019: Víctor Maldonado y su familia han decidido emplear todas sus fuerzas en recuperar el patrimonio que el Estado colombiano robó en liderazgo de algunos funcionarios santistas. Su abogado, el doctor Ignacio Álvarez, seguirá representando y defendiendo los derechos de Víctor ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington y Costa Rica. La verdad y la justicia saldrán a la luz pública y quienes intentaron enlodar la carrera de uno de los empresarios más representativos del país, serán castigados por el Derecho Internacional.