Establecer la obligación de las entidades públicas de contar con mecanismos para facilitar la denuncia de actos de corrupción, tanto de los ciudadanos como de los funcionarios. Asimismo, implementar un modelo digital de canalización de denuncias que permita alciudadano el acceso rápido así́ como el monitoreo efectivo y la solución de sus reclamos o denuncias.